El Tribunal Supremo ratifica las sanciones a los fabricantes de automóviles

Las cuestiones suscitadas en los correspondientes recursos de casación que interpusieron las empresas sancionadas, fueron sustancialmente coincidentes. Lo que se insta a debatir es si, el intercambio de información entre empresas competidoras puede ser calificado como una infracción por objeto y como un cártel, tal como ha entendido la CNMC y confirmado luego la Sala de la Audiencia Nacional, o si como sostienen las recurrentes, atendiendo a la naturaleza de la información intercambiada, no existen elementos suficientes para poder apreciar la existencia de una infracción por objeto, ni cabría calificar las conductas como cártel.

En referencia a determinar si el intercambio de información que nos ocupa, constituye una restricción por objeto, hay que recordar que la tradicional distinción entre las infracciones «por objeto» y las infracciones «por efecto» (los artículos 1 de la LDC y 101 de TFUE, prohíben «todo acuerdo, […] que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional […]»), ya ha sido abordada por la jurisprudencia del TJUE. Así se pronunció al respecto en distintas sentencias (STJUE de 27 de abril de 2017, FSL, C-469/15 P; STJUE de 23 de enero de 2018 , F. Hoffmann-La Roche). La Sentencia del TJUE de 20 de noviembre de 2008, asunto C-209/07, ya resolvió acerca de los criterios que serían necesarios para determinar si nos encontramos ante una infracción por el objeto, o para establecer si era necesario establecer su incidencia sobre el mercado (infracción por efecto), afirmando que,»[…] un acuerdo debe tener «por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común». Es jurisprudencia reiterada del TJUE, desde la sentencia de 30 de junio de 1966, LTM (56/65, Rec. pp. 337 y ss., especialmente p. 359), que el carácter alternativo de este requisito, como indica la conjunción «o», lleva en primer lugar a la necesidad de considerar el objeto mismo del acuerdo, habida cuenta del contexto económico en el que se debe aplicar”, y para el caso de que el “acuerdo no revele un grado suficiente de nocividad respecto de la competencia, es necesario entonces examinar los efectos del acuerdo y, para proceder a su prohibición, exigir que se reúnan los elementos que prueben que el juego de la competencia ha resultado, de hecho, bien impedido, bien restringido o falseado de manera sensible”. En colación, la STJUE de 20 de enero de 2016, asunto C-373-149, recuerda que en las infracciones por objeto es necesario considerar el objeto mismo del acuerdo, pero «[…] no es necesario examinar los efectos de acuerdo en la competencia cuando esté acreditado su objeto contrario a ella”.

Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo recoge en su Sentencia n.º 356/2021, de 9 de marzo, que tal y “Como señala la Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013, (Allianz Hungária Biztositó y otros, C-32/11 , apart. 35) la distinción entre «infracciones por objeto» e «infracciones por efecto» reside en el hecho de que determinadas formas de colusión entre empresas pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia […]». En el mismo sentido se pronunció el TJUE en su sentencia de 27 de abril de 2017, (FSL, C-469/15 P, apart. 104) y más recientemente, en su Sentencia de 23 de enero de 2018 , (F. Hoffmann-La Roche y otros, apart. 78)”. Asimismo el TS en su Sentencia de 26 de junio de 2017, y en la Sentencia n.º 331/2018 de 1 de marzo, determina que los acuerdos de intercambio de información entre competidores destinados a coordinar las condiciones económicas, tienen por objeto restringir la competencia y no resulta necesario, en consecuencia, examinar sus efectos, así “bastaría la prueba del intercambio de información, […], para presumir la existencia del acuerdo anticompetitivo, que dado su objetivo, interferencia en la fijación de precios, debe calificarse como tal por su objeto […] En tales circunstancias, contrariamente a lo que defiende el órgano jurisdiccional remitente, no es necesario examinar los efectos de una práctica concertada cuando quede acreditado su objeto contrario a la competencia».

Reitera la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, resulta acreditado el intercambio de información entre competidores sobre factores relevantes relativos a los precios y condiciones comerciales que, como consecuencia son incompatibles con la exigencia de autonomía que caracteriza el comportamiento de las empresas en el mercado, en un sistema de competencia real. Por tanto, puede afirmarse que el acuerdo de intercambio de información entre competidores analizado, tiene por sí un grado suficiente de nocividad para la competencia, por su propia naturaleza, y perjudicial para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia, lo que lleva a concluir que, debe ser considerado restrictivo por su objeto, pues sólo podía pretender la modificación de las condiciones de competencia en el mercado.

En referencia a si cabría calificar el intercambio de información de las sancionadas como cártel, el Alto Tribunal señala que ya ha consolidado en sentencias anteriores [Sentencias de 16 de diciembre de 2015 (recurso 1973/2014, FD 5), 1 de abril de 2016 (recurso 3691/2013, FD 4) y 26 de junio de 2017 (recurso 2403/2014, FD 2)] que “Tanto la Ley 16/1989 como la Ley 15/2007 prohíben en su artículo 1.1.a ) la misma conducta: los acuerdos que tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de «la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio» en todo o en parte del mercado nacional por lo que a efectos de la calificación jurídica de los hechos declarados probados, no tiene mayor relevancia aplicar una u otra Ley de defensa de la competencia” […] “La Ley 16/1989 no recogía una definición explícita del concepto de cartel, como sí lo hace ahora el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2007 . Sin embargo, ello no evita que el cartel constituya un tipo de acuerdo entre competidores que cae en el ámbito de la prohibición del artículo 1 de la Ley 16/1989 , ya adopte la forma de acuerdo sobre los precios u otras condiciones comerciales o de un reparto de mercado”.